(Publicado en La Discusión, 24 de Abril de 2013)
Convivir con el progreso tiene sus costos y ventajas, pero es algo prácticamente inevitable y que las comunidades están aprendiendo a manejar. Este es un proceso que lleva tiempo y recursos y que varía de acuerdo al desarrollo de los distintos países y los tipos de sociedad.
La construcción de una industria, un vertedero, una autopista urbana, una cárcel, centrales termo o hidroeléctricas, edificios, antenas de celulares, producen un impacto directo en los vecinos del lugar donde se emplazan. Comodidad, conectividad, un ambiente favorable para el desarrollo de otros negocios, adelantos que mejoran la calidad de vida de las personas son una cara de la moneda. En la otra hallamos impactos ambientales, visuales, en la plusvalía y seguridad.
En definitiva, el desarrollo económico no es gratuito y si bien conlleva mejoras para los usuarios, también implica deterioro y efectos negativos, o al menos la necesidad de cambios en el sistema de vida de los grupos humanos que resultan directamente afectados.
Desde hace algún tiempo en el mundo, recientemente en Chile y en Ñuble, las personas que se sienten perjudicadas por obras que van de la mano con el progreso, se han comenzado a organizar para oponerse públicamente a ellas. Esta forma de protesta se denomina Nimby que se forma del juego de palabras “Not In My Back Yard”, que quiere decir “no en mi patio trasero”.
Los casos que hemos visto en la provincia pueden considerarse una especie de Nimbyismo incipiente, mezclado con otro tipo de motivaciones muchas veces de tipo políticas que conllevan un riesgo no suficientemente valorado todavía por la autoridad, ni por la propia sociedad. Cuando el debate se transforma en una batalla entre empresarios y políticos o entre ciudadanos y autoridades se pierde el foco.
Dos ejemplos pueden graficar lo señalado. Por una parte, hallamos el caso de la nueva cárcel provincial, necesaria por el hacinamiento que actualmente sufren los reos en el penal de Chillán y porque su construcción significaría el traslado definitivo del centro penitenciario desde el centro de la ciudad. En este caso, el rechazo ha sido a las ubicaciones propuestas, en Chillán Viejo y Bulnes y no a la cárcel misma.
El caso contrario parece ser la central termoeléctrica a gas natural Octopus, proyecto de capitales norteamericanos y chilenos que representa una inversión de 1.300 millones de dólares y que se convertiría en la central térmica de su tipo más grande del país y que ayer recibió una oposición absoluta de parte del gobierno de esa comuna, sin considerar los efectos que desde el punto de visita energético y estratégico significa incorporar 1.100 megawatts a la economía local y nacional.
No son menores los riesgos que se corren cuando una comunidad no es capaz de diferenciar claramente entre las motivaciones de protección de sus derechos como habitantes de un determinado lugar, con otros objetivos que utilizan la misma situación para reivindicaciones de otro tipo, ya sea económicas, de poder o políticas. Es fundamental entonces que la población y en particular sus representantes, se informen adecuadamente y cuenten con los antecedentes suficientes que le permitan actuar con objetividad y no sólo con pasión o con un sesgo negativo a priori, como parece ser el caso en comento.
A la ciudadanía le preocupa la conservación del medio ambiente, pero ella debe comprender que las posibilidades de crecimiento y progreso social son hoy en extremo dependientes del costo de disponer de energía, lo que requiere un esfuerzo de todos para mantener esta discusión en el terreno de la racionalidad y el bien común.
Fuentehttp://www.diarioladiscusion.cl/index.php/opinion/opinion1561100476/editorial1376308275/25211-rechazo-a-octopus
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