El Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA) denuncia ante la Contraloría General de la República, que las termoeléctricas están incumpliendo flagrantemente la normativa que las rige, con completa anuencia de las entidades fiscalizadoras, como la Superintendencia de Medio Ambiente.
- Más de 12 años demoró en ser aprobada una norma de emisiones para las termoeléctricas en Chile, todo ese tiempo las comunidades siguieron padeciendo impunemente los impactos de la termoelectricidad, a la espera de que por fin fuera puesta en marcha una norma de emisiones que al menos estableciera límites máximos de partículas contaminantes. En esta ley se estableció que todas las generadoras tenían hasta el 24 de junio de 2013, para instalar un Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones, sin embargo, a la fecha ninguna ha cumplido con la normativa. La ministra Benítez dijo en el 2011 en la ceremonia de firma del decreto, en Puchuncaví, emblema del abandono y la vulnerabilidad a la que queda expuesta la ciudadanía frente al modelo extractivista que rige el destino del país, “mi compromiso como ministra es asegurar que las termoeléctricas como las que vemos hoy cumplan con esta normativa. Exigiremos monitoreos en línea que serán fiscalizados en todo momento por la Superintendencia de Medio Ambiente”. Asimismo, recordó “que pasaron varios gobiernos sin que estos temas se asumieran con voluntad, decisión y determinación”.
Como antecedente de contexto de la relevancia de esta materia, podemos señalar que entre el año 2000 y Junio del 2011 (periodo en que se discutió esta nueva normativa) ingresaron al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) 222 proyectos de generación eléctrica, encontrándose a esa fecha 189 aprobados y 33 en calificación. Según Fundación Terram, 93 de ellos corresponden a proyectos termoeléctricos, que representan el 61% de los mega watts aprobados (15.904 MW) en ese periodo.
En septiembre de 2013 no hay ninguna termoeléctrica ajustada a la bullada norma que protegería a las comunidades con estándares de países desarrollados, ilegalidad que pone en riesgo la vida de cientos de personas, y que no ha sido sancionada por ninguna autoridad. Estamos hablando de más de 100 delitos, que afectan a millones de personas, y que siguen ocurriendo sin que ningún ente fiscalizador arremeta para poner las cosas en orden.
En estas circunstancias, el Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales OLCA, que acompaña a comunidades en el proceso de resistencia a estas centrales, denunció a la Superintendencia ante Contraloría, exigiendo que se investiguen las razones para dilatar la aplicación de la ley y a la vez que se le explique al país cómo una iniciativa que tardó más de 12 años en ser dictada, por falta de voluntad política según acusó la misma ministra Benítez en junio de este año, no entre en vigencia cuando corresponde.
http://olca.cl/articulo/nota.php?id=103527
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